Se trata de un proyecto liderado por el ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, en el que también colaboran otros Ministerios, pero que se encuentra en un estado «embrionario».
El director general destacó que existe voluntad de «consenso», y señaló que no es seguro que la decisión que finalmente se adopte «vaya a afectar a la actividad de los pescadores». Añadió que, «lo que se pretende es la protección del ecosistema, algo que en ocasiones pasa por no permitir la navegación de barcos de gran potencia o la prohibición de realizar cableado submarino».