Durante un siglo varios presidentes de Estados Unidos han tomado medidas para proteger este paraíso marino al que la naturaleza otorgó su mejor protección al situarlo fuera del paso de cualquier ruta comercial y a 1.400 millas de la última isla de Hawai. Sólo existe una pequeña pista de tierra para aterrizar avionetas en el atolón de mayor tamaño, por lo que muy pocos estadounidenses han tenido la oportunidad de conocerlo.

Aún así, un documental dirigido por Jean Michel Cousteau, hijo del legendario explorador marino, demuestra que el delicado ecosistema se ve afectado por la basura que arrojan los barcos que cruzan el Pacífico, arrastradas hasta estas islas por las corrientes. En su estudio de tres semanas, el documentalista localizó restos procedentes de 52 países diferentes, incluyendo numerosos mecheros y hasta soldados de juguete.

Cousteau subió a bordo de su causa a la primera dama Laura Bush, que el pasado 5 de abril auspició un pase de la filmación en la Casa Blanca con los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Así es como George W. Bush, el presidente que intenta perforar Alaska para extraer petróleo y el hombre que sacó a EE.UU. del Tratado de Kioto, ha logrado revertir su legado ecologista con una sola decisión que le hace un hueco en la historia.

Gracias a ella sobrevivirá el ecosistema de arrecifes de corales en el que viven más de 7.000 especies marinas, de las que al menos cuatro no pueden encontrarse en ningún otro lugar del planeta. Esta área de 140.000 millas cuadradas, equivalente a California, conserva también una extensa población de peces depredadores, en un momento en que el 90 por ciento de esas especies han desaparecido de los océanos del mundo. En sus arrecifes rocosos, que se extienden sobre aguas poco profundas, habitan 14 millones de aves marinas, además de la tortuga verde, que se encuentra en peligro de extinción.

Para saltarse el proceso burocrático de pedir aprobación al Congreso, Bush las ha declarado monumento nacional, lo que le da un año de ventaja sobre la denominación de santuario marino. La prohibición para visitar estos parajes sin permisos especiales será de aplicación inmediata, pero el gobierno contempla cinco años de margen para que expiren las ocho licencias de pesca que existen. Aún así, el grupo ecológico Pew Charitable Trust está reuniendo fondos para comprarlas y cree estar muy cerca de ello.

No es que el negocio fuera muy rentable para los pescadores. La industria reportó en 2003 unas ganancias de apenas 300.000 dólares, e incluso uno de los pescadores autorizados, Zenen Ozoa, ha formado parte de los grupos medioambientales que han hecho «lobby» en Washington para acabar con estas prácticas destructivas.

En realidad el mayor daño lo produjeron los pescadores de langostas, que en los tres decenios transcurridos entre 1977 y 1997, fecha en la que Bill Clinton prohibió el negocio, mataron 12 millones de estos crustáceos.

Pero además de proteger esas aguas cristalinas en playas paradisiacas de arena blanca, la nueva reserva marina evita la desaparición de un lugar casi sagrado en la tradición de los indígenas hawaianos, que sitúan a sus ancestros en estas islas. Paradójicamente, ninguno de ellos podrá ya visitarlas a no ser que cuenten con un motivo científico.