Japón obtuvo ayer su primer fracaso en el primer día de reuniones de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que se celebra en Sorrento (Italia), al ser rechazada su propuesta para introducir el voto secreto. Para lograr este cambio en el procedimiento de votación sólo hacía falta que el país nipón y sus socios alcanzaran la mayoría simple. Al final, por 29 votos en contra y 25 a favor, se establece un obstáculo más a las intenciones de la Agencia Pesquera nipona por reanudar la caza comercial de ballenas. Aunque para levantar la moratoria existente desde 1986 hacen falta tres cuartos de los votos, la introducción del voto secreto podría hacer que muchos países que votan en contra de Japón por la fuerte presión internacional cambiaran sus papeletas.

Un año más la reunión de la Comisión Ballenera Internacional enfrenta a los defensores de la caza de ballenas con los conservacionistas. Tras la relativa victoria de estos últimos en la reunión del año pasado en Berlín, cuando se aprobó la iniciativa para crear un comité de conservación, algo ha cambiado en el seno de la CBI. Y es que a pesar de que luego los resultados últimos sigan estando a favor de los pocos países balleneros (Japón, Noruega e Islandia) que quedan, la creación de un comité de conservación es de especial trascendencia en un órgano que se creó para regular la caza de ballenas. Por tanto, la pretensión de los conservacionistas de prohibir esta actividad puede parecer que no casa con los objetivos de esta comisión y, por eso mismo, cualquier avance en este sentido, por pequeño que sea, tiene más valor, aunque sólo sea por tener todos los elementos en contra. Reflejo de la importancia del comité investigador es que Japón, país ballenero por excelencia, «probablemente intentará bloquear sus funciones», según aseguró a ABC Sebastián Losada, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.

Japón no sólo utiliza sus arpones en nombre de la ciencia encubriendo una caza comercial, sino que lleva años intentando por todos los medios, incluida la compra de votos -según denuncian las organizaciones ecologistas-, levantar la moratoria sobre la caza comercial de ballenas. Ante la reunión anual de la CBI, el país nipón ha puesto de nuevo toda su maquinaria en marcha para intentar buscar puertas falsas a la moratoria y que sus flotas balleneras sigan actuando. Porque a pesar de la moratoria, las flotas japonesa y noruega continúan cazando impunemente en aguas antárticas y del Pacífico Norte, en el caso de Japón, y en aguas árticas los noruegos.

Islandia, que el año pasado sorprendió a todos y desoyendo las protestas internacionales reanudó la caza «científica» de ballenas, anunció hace pocas semanas que de los 500 rorcuales aliblancos, comunes y boreales programados en su cuota, sólo cazaría 25 de los primeros. A pesar de que en su momento este programa fue presentado como científico, el propio ministro de Pesca islandés, Arni Matthiesen, dejó claro entonces que el programa sólo saldría adelante si Japón aceptaba la importación de la carne de ballena resultado de la caza. Al no aceptar el país nipón el acuerdo -ya tiene excendentes de su propia flota- la cuota islandesa se redujo considerablemente y la floreciente industria de avistamiento de cetáceos del país hizo el resto.


Y es que esta actividad turística es más lucrativa para Islandia que la caza de ballenas. Los ingresos obtenidos en el año 2002 gracias a estas actividades sumaron más de 16 millones de dólares, más de cuatro veces los ingresos anuales generados por el programa de «caza científica» que este país llevó a cabo entre 1985 y 1989. Los beneficios en 2003 ascendieron a 25 millones de dólares, y se preveía que aún aumentaran, si bien la Prensa de ese país informó de una fuerte caída de las reservas turísticas a principios de este año. La presión de la Asociación Nacional de Turismo y los operadores de turismo de avistamiento de cetáceos llevó al Gobierno a reducir su cuota. No obstante, dice Losada, «Greenpeace seguirá presionando a Islandia hasta que se ponga punto y final a la caza comercial de ballenas», por lo que no descartan que su barco, el MV Esperanza, visite de nuevo este verano aguas islandesas.

Pero el frente principal estará en Italia. Allí representantes de organizaciones internacionales de turismo de avistamiento de cetáceos participarán como observadores en las reuniones del plenario que tratará los límites en que deben desarrollarse estas actividades. Desde Greenpeace se considera que «manejada con principios ecológicos, esta actividad puede ser sostenible y a la vez producir beneficios económicos significativos para las comunidades costeras, en contraste con la caza comercial de ballenas, que siempre conduce a la sobreexplotación».

Y esto lo saben muchos países costeros e islas que apoyan a Japón en las votaciones de la CBI, a pesar de contar en sus aguas con estos mamíferos marinos que podrían reportarles importantes beneficios. Lo que ocurre, tal y como vienen denunciando desde hace años las organizaciones ecologistas, es que Japón emplea fondos de su programa de Cooperación Internacional al Desarrollo para comprar los votos de terceros países, y así conseguir que se alineen con las tesis niponas en la CBI. Desde Greenpeace se asegura que desde el año 1987 hasta 2002 Japón gastó al menos 360 millones de euros en tratar de acabar con la moratoria mediante la compra de votos. 


Sale caro y por eso Japón intenta año tras año -sin conseguirlo- introducir el voto secreto. Pero a pesar de la primera derrota de ayer Japón intentará aumentar la cuota de su programa de caza científica. Según las estimaciones realizadas por Greenpeace, este año hay un equilibrio muy ajustado entre conservacionistas y proballeneros, pero advierten que todo es susceptible de cambiar pues hay países que consiguen su derecho al voto en el último momento. Por ejemplo, Costa de Marfil, Mauritania, Surinam y Tuvalu han entrado a formar parte de la CBI este año y se espera que voten a favor de las tesis niponas. Lo cierto es que «Japón está nuevamente muy cerca de tener una mayoría simple», dice Losada.

Con estos socios, Japón bloqueará con toda seguridad la creación de dos nuevos santuarios, uno en el Atlántico Sur -propuesto por Argentina y Brasil- y otro en el Pacífico Sur -solicitado por Australia y Nueva Zelanda-, para cuya aprobación hacen falta las tres cuartas partes de los votos. La misma proporción de votos es necesaria para la revisión del santuario antártico, donde la flota ballenera nipona caza cada año 440 rorcuales aliblancos.

Así las cosas, en la reunión también se tratarán otras amenazas que se ciernen sobre las ballenas, como las capturas accidentales. El Comité Científico de la CBI estimó el año pasado que la pesca accidental puede estar matando a 300.000 cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) cada año. Estas capturas accidentales son especialmente graves en el caso de los pequeños cetáceos en el Atlántico noreste. Así, se estima que en el área del Canal de La Mancha, Mar del Norte y la Bahía de Vizcaya están muriendo cada año por este motivo 10.000 delfines y marsopas, según los documentos que serán analizados por el plenario de la CBI.

Pero existen otras amenazas que no son tan fáciles de cuantificar. Hablamos de los problemas «globales», como el agujero en la capa de ozono y el cambio climático que, según Greenpeace, pueden afectar de forma drástica a la abundancia y distribución de las especies de las que dependen los grandes cetáceos para alimentarse. Así, los impactos en la temperatura de la superficie del mar, que provocarán cambios en los hielos marinos, supondrán una mengua en los stocks de krill -principal alimento de la mayoría de las ballenas barbadas- de la Antártida, mientras que el deshielo en el Ártico conllevará la pérdida de un espacio vital para la ecología y alimentación de algunas especies de ballenas. Mientras tanto, el objetivo en la reunión de Italia seguirá siendo la lucha para que los mamíferos marinos dejen de ser testigos y víctimas de la crisis global que viven los océanos.