El daño representa un costo adicional a los 217 millones de pesos que pagó el gobierno federal como parte del proyecto "Restitución Ambiental de Playas de Cancún", que en febrero "restauró" parte de la extensión original de las playas más famosas del Caribe mexicano.

Según González Cano, a lo largo de casi 200 metros de costa la empresa belga Jan de Nul Group, sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), "inyectó" arena que fue arrastrada por la corriente hacia el arrecife, mató a los corales, lo que es considerado como un grave daño ecológico.

"Tampoco colocaron mallas especiales para contener el deslave natural de la arena y la corriente arrastró los sedimentos hacia la zona arrecifal, provocando un daño general irreversible, porque el sedimento en suspensión ahoga los corales, lo que significa la muerte del tejido vivo", manifestó González Cano.

El directivo aseguró que el programa de recuperación de playas provocó la muerte de 10 especies diferentes de coral en parte de los 66 mil 666 metros cuadrados de arrecifes que se encuentran en la primera y segunda barreras del llamado Polígono Marino de Nizuc.

A ello se agrega que en el Parque Marino Nacional, según el gobierno estatal, Wilma dañó 60% de las 9 mil hectáreas de los tres polígonos de las barrera de arrecifes que se extienden a lo largo de los 12 kilómetros de playas de la zona hotelera, desde Punta Cancún hasta Punta Nizuc.


Para González Cano resulta un hecho el daño a los arrecifes y aunque se mantiene una estrecha observación para evaluar los efectos en el futuro, "no sabemos qué es lo que puede pasar, y por eso queremos traer a científicos y especialistas para que nos orienten".

Antes de los trabajos de restauración de las playas, González Cano advirtió sobre los riesgos de extraer y depositar arena en la zona y el 21 de febrero pasado denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el posible daño irreversible a los corales y arrecifes.

En marzo pasado, la delegada de la Profepa, Guadalupe Márquez, anunció el inicio de un monitoreo de daños, seguido de un procedimiento legal por violaciones a la autorización otorgada por la Semarnat para llevar a cabo el proyecto a través de un fideicomiso impulsado por empresarios y autoridades locales para aplicarse a lo largo de 12 kilómetros de playa.

La funcionaria admitió que se habían presentado cuatro denuncias que podrían alcanzar sanciones de hasta 50 mil días de salario mínimo en contra de los promotores del proyecto. La multa podría ascender a 2 millones 433 mil 500 pesos, además del costo de un programa para reparar los daños en la zona coralina.


Sin embargo, la cúpula hotelera empresarial se mostró molesta con ambientalistas y las autoridades federales de Medio Ambiente porque considera que las sanciones en contra del proyecto son excesivas y buscan el protagonismo más que la protección de los recursos naturales.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Jesús Almaguer, consideró que la multa debe pagarla la Secretaría de Turismo, organismo que preside el fideicomiso integrado para llevar a cabo el proyecto.

El Departamento de Oceanología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue contratado por la Sectur para supervisar los trabajos de Jean de Nul -empresa que realizó los trabajos de recuperación-, pero el representante de la comisión, Carlos Sánchez, reveló que subcontrataron a un supervisor ambiental para remediar los daños, en Nizuc.