Como es sabido, en torno a toda actividad con éxito, siempre surge otra paralela que pretende beneficiarse de la primera, pero sin cumplir con todo el recorrido legal y material que realizamos unos pocos, en aras a cumplir con la normativa actual, a todas luces insuficientes.

 

Pues bien, la no observancia de todas estas condiciones, ha dado lugar a una actividad furtiva sin precedentes en Lanzarote, que prácticamente se ha fusionado con la actividad reglada, habiéndola superado en número con creces. Esto se debe probablemente, a la falta de una normativa concreta que regule específicamente el ámbito de ejercicio de esta actividad y su vigilancia, unido a unas condiciones naturales de fácil acceso a los distintos puntos de inmersión. Es habitual que cualquier instructor avispado, cuente con un vehículo de traslado, media docena de equipos, algún contacto en una recepción de apartamentos u hoteles, o simplemente una página Web, para que ya tenga conformado a “sus espaldas”, su propio centro de buceo.

Ni que decir tiene que la falta de registro como empresa legalizada que ejerce una actividad empresarial, la ausencia de empleados, la nula estructura de locales y la escasez de medios, hace que sus precios sean inferiores a los que podemos ofertar los que tenemos que soportar todas estas cargas. Pero no se trata sólo de una cuestión económica o de competencia desleal, se trata fundamentalmente de crear una oferta turística de calidad, donde la competencia se genere desde la legalidad y la seguridad, pero en la que el visitante sea cual sea su elección, cuente con la garantía de que va a disponer de los medios y los servicios que se presuponen en una sociedad avanzada y no se encuentre que ante el más mínimo problema no tiene a quien reclamar, pues su “amable” instructor habrá “volado” con su furgoneta. Como ha ocurrido en más de una ocasión, dejando abandonado a su cliente, o simplemente no ha podido cumplir sus expectativas, o como mínimo ha padecido unas incomodidades y esfuerzos innecesarios.

 

Afortunadamente parece que estos tiempos ya se han terminado, y actualmente se ha elaborado una nueva normativa específica que regula el Buceo deportivo en Canarias, por parte de la Viceconsejería de Pesca de nuestra Comunidad Autónoma y se está procediendo a la revisión y legalización de los centros de buceo que se adapten a la citada normativa, quedando por tanto fuera de ámbito de esta actividad, todos aquellos que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos de esta norma. Sería por tanto conveniente, que Ayuntamientos, hoteles y centros turísticos que ofrecen dentro de sus instalaciones estos servicios, exigieran a las empresas de buceo la documentación que acredite su legalidad. Esperemos que esta iniciativa se aplique cuanto antes, para acabar con el ejercicio furtivo de esta actividad y que permita consolidar definitivamente una oferta turística de calidad.

Fdo: EMILIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Director del Centro de Buceo Atlántica