Más protección contra los cazatesoros. Tras ocho años de debate, el próximo día 2 entra en vigor la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco.

El apoyo de veinte países, entre ellos Bulgaria, Eslovenia o Santa Lucía (una isla caribeña), o Montenegro y Paraguay, que no tienen mar, además de España, ha permitido que el texto esté vigente desde el viernes para tratar de preservar un patrimonio tan expoliado como (todavía) riquísimo.

La convención de la Unesco fue redactada en el 2001, con la participación de cien países, y establecía que tres meses después de que fuera ratificada por veinte de ellos entraría en vigor. El vigésimo, Barbados, se adhirió el 2 de octubre. España lo hizo en el 2005, y es seguramente uno de los más ricos en pecios submarinos de cuantos lo apoyan. No figuran, sin embargo, países con mucha costa o de gran tradición marinera (y por tanto potenciales rastreadores del fondo marino) como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Italia.

El texto parte de una premisa que elimina la idea de tesoro submarino: establece que los bienes subacuáticos deben ante todo ser protegidos y para ello lo mejor es que permanezcan en el fondo. A no ser, añade, que su excavación y traslado a la superficie tenga un interés científico y arqueológico y el país afectado por los trabajos tenga capacidad técnica y económica para afrontarlos. También obliga a la inmediata comunicación entre países en caso de un hallazgo de interés compartido.

Para el director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, este documento es "un complemento indispensable" en las normas internacionales del patrimonio cultural, según recoge la web del organismo. "A partir de ahora, la memoria histórica que representa el patrimonio cultural subacuático podrá gozar de una protección legal, lo que pondrá término al creciente tráfico ilícito alimentado por los saqueadores de los mares", augura. "El objetivo fundamental es luchar contra el expolio", valora Rafael Azuar, director del recién inaugurado Museo Nacional de Arqueología Submarina, en Cartagena. "Creo que vamos a acotar a los cazatesoros".

El director del Centre d ' Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Xavier Nieto, celebra la entrada en vigor de la convención, aunque dice que la interferencia con el derecho marítimo de cada país y con el derecho militar hará que aplicarla sea "complejo".

Nieto explica que algunos barcos o aviones hundidos con tripulación a bordo son considerados cementerios por parte de algunos países; eso sucede con Pearl Harbor, el puerto de Estados Unidos en Hawái atacado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y donde se supone que se mantienen los restos de numerosos soldados norteamericanos.
El documento de la Unesco prohíbe explícitamente la explotación comercial de los vestigios. En países como Estados Unidos, el hallazgo puede conllevar la propiedad, lo que genera conflictos como el del Odyssey,el galeón localizado por una empresa norteamericana frente a las costas españolas con 500.000 monedas de oro y plata. El asunto está en los juzgados norteamericanos. Litigan la empresa y el Estado español, mientras que Perú - de donde en 1694 partió la nave-también reclama su parte.

La Unesco maneja una cifra aproximada de tres millones de barcos hundidos en los fondos marinos. En el Dictionary of Disasters at Sea se documentan los naufragios de 12.542 buques mercantes, de pasajeros y de guerra entre 1824 y 1962. La Unesco recuerda cómo muchos barcos de interés arqueológico - el Geldermalsen holandés, el Nuestra Señora de Atocha español, el Tek Sing chino-fueron rescatados por cazatesoros por los botines que escondían. El primero de ellos era un buque de vela holandés que naufragó en Indonesia en 1751 con seda, té, porcelana yoro. Una empresa británica llevó en 1986 a tierra 126 lingotes de oro.