La Ciotupha, dependiente del Consell de Eivissa, informó favorablemente a la protección, mediante la declaración de Bien de Interés Cultural, del pecio romano hallado en aguas de Formentera a 75 metros de profundidad en la línea que une Punta Pedrera con Cap des Falcó y que, según dijo la consellera de Patrimonio, Marga Torres, se encuentra «en buen estado». El expediente de proyección de este yacimiento submarino se incoó hace un año y ya ha superado todos los trámites previos a la aprobación de su protección mediante la figura BIC. Por ello, el Consell de Eivissa emplaza al de Formentera a que acuerde la declaración BIC de este pecio.

La Comisión de Patrimonio del Consell también aprobó ayer la protección, mediante la figura de Bien Catalogado (BC), de tres molinos de agua y harina. El primero de ellos es el de Can Jordi Jondal,un molino de agua con safareig de propiedad privada ubicado en Sant Jordi.

También se protegerán el molino de agua, el safareig y otros elementos del molino de s ' Olivera, en Puig d ' en Valls, propiedad del Ayuntamiento de Santa Eulària, y el molino de harina de Puig d ' en Valls del Consell.

Por otro lado, la Comisión de Patrimonio informó desfavorablemente el cierre de la finca ses Mines, en s ' Argentera (Sant Carles), para «preservar la imagen de unidad» de esta zona arqueológica declarada BIC, según explicó la consellera Torres. «Mejor que no se intervenga en este espacio porque podría desvirtuarse la imagen de conjunto», justificó la consellera.

El Consell expresó su satisfacción por la presentación del catálogo de Patrimonio Histórico de Sant Antoni, que, según dijo, recoge 14 elementos declarados Bien de Interés Cultural, 16 Bienes Catalogados y 125 casas payesas, aparte de 14 molinos de agua, nueve de harina y 39 puentes y fuentes, así como 107 yacimientos arqueológicos. Torres destacó el grado de protección que marca el Consistorio en cada uno de estos elementos, que, de todos modos, en algunos casos podría aumentar o incluso disminuir en función de «su importancia».

Es el caso de los yacimientos arqueológicos, a los que se les ha impuesto el mayor grado de protección a pesar de que aún deben estudiarse muchos de ellos. También se aprobaron las obras de la segunda fase de la rehabilitación del Palacio Episcopal de Dalt Vila con «un seguimiento arqueológico estricto».